La detención de Róger Mariaca, quien como fiscal general pudo liderar una red protección al narcotráfico, reavivó la controversia de su elección en 2024.
Legisladores y exparlamentarios que lo designaron intercambian acusaciones sobre presuntos pagos por votos, amenazas y acuerdos políticos que pudieron haber facilitado su llegada al Ministerio Público.
La polémica surgió tras las declaraciones de la exdiputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero, quien acusó a dirigentes de esa alianza y al actual diputado de Unidad, Carlos Alarcón, de respaldar a Mariaca a pesar de las irregularidades que, según ella, rodearon el proceso.
Afirmó también que recibió presiones para retirar una acción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para frenar esa elección en la Asamblea.
“Un alto dirigente de Comunidad Ciudadana me llamó por encargo de Alarcón. Me dijo: ‘Luciana, por favor, retira el recurso. Carlos Alarcón me dio su palabra. Mariaca no tiene los dos tercios’”, relató Campero.
“Confié y retiré la acción”, añadió tras recordar el episodio que tuvo lugar hace casi dos años en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) controlaba las dos cámaras.
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